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¿Podría existir un gobierno abierto y participativo basado en software privativo (propietario en otros ámbitos).?

Pues por poder podría existir. Ahora bien. Imaginemos, que no es mucho imaginar, que así lo hacemos, que una entidad pública utiliza un software privativo de gobierno abierto [bien sea de publicación de sus datos o bien de subida de las opiniones ciudadanas hacia la administración].

Y ya se sabe que muchos responsables políticos son aversos al riesgo, luego que cosa más natural que compartir el sistema que se ha utilizado en otro punto.

Y aquí viene el problema, vamos a aprovechar esa experiencia e instalar esa copia en otra entidad pública y que es lo menos que tendremos:

1) Habrá que volver a pagar por una licencia por los usuarios o por el uso global de la herramienta.

2) No habrá posibilidades de adaptación más allá de los que habilite el fabricante de la herramienta.

3) No se podrá compartir esa herramienta sin el permiso (y pago) del fabricante.

4) La herramienta respetará los estándares abiertos para su uso por los ciudadanos, o no, según decida el fabricante en su opinión de lo que debe haber en el mercado.

No es hoy objeto de reflexión toda la jurisdicción europea, nacional o autonómica que promueve el uso de licencias abiertas para el software utilizado en el ámbito público, sino que es una reflexión desde el sentido común.

¿Es conveniente dejar en manos de una compañía privada la gestión de la participación en la cosa pública?

No es que no cueste dinero ni tenga consecuencia económicas, pero la participación ciudadana es algo más que un negocio, y por tanto como podría explicar un responsable público cosas como:

1) Que no puede incorporarse una nueva característica de participación ciudadana a una solución, por que no está en el roadmap del fabricante.

2) Que no hay dinero en la CCAA para pagar las licencias del software al que el mismo ciudadano puede acceder para la participación nacional o local.

3) Que una de sus lenguas maternas no está disponible por que el fabricante mundial ya proporcionará versión en otro momento.

4) Que no pueden agregarse los resultados de una entidad con los de otra por que la información está almacenada en formatos que sólo el fabricante conoce.

5) Que hay un fallo de seguridad del software que compromete el anonimato de los participantes y el fabricante no considera prioritario solucionarlo.

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Seguro que en los comentarios aparecen más casos kafkianos como estos…

Cierto es que alguna situación comparable conocemos a diario, pero por una vez podíamos atender al sentido común y evitar que estas situaciones de gasto e incoherencia se produzcan en el ámbito público.

La apuesta por una licencia abierta para el software del gobierno abierto no es discriminatoria para ninguna empresa. Si son propietarias del código fuente siempre pueden liberarlo bajo estas licencias.

Otra cosa es que, basado en esa restricción de la licencia, quieran ganar más dinero, entonces la decisión pública no es una discriminación sino una elección de acuerdo al buen gobierno que se espera de la cosa pública.