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¿2000 millones de euros en el sector de negocio de reutilización de datos públicos en España? ¿Es tan fácil? Ver MEPSIR (2006) y su próxima revisión.

Una cifra comparable a dos veces el presupuesto de radiotelevisión española, notoriamente superior al presupuesto de la comunidad autónoma de La Rioja, superior a la suma de los sectores del cine, el videojuego y la música en España en 2008, o superior a todo el presupuesto de los equipos de fútbol de primera división por poner ejemplos de distintos ámbitos.

Sería poco realista pensar que semejante dimensión se puede alcanzar sin tomar algunas decisiones estructurales. Como planteaba en el post anterior “La administración no puede oponerse a compartir datos” hay ciertas medidas necesarias (pero seguro que no suficientes) para poder aspirar a estos volúmenes de mercado.

Es del todo imposible crear un sector de tal volumen sin una fuente de materia prima (en este caso los datos públicos) que sea industrializable. Para posibilitar la multitud de usos necesarios para llegar a la cifra mágica, de 2.000 millones el requerimiento de que los datos se proporcionen con todo el detalle posible -en crudo- es absolutamente imprescindible.

Esta necesidad ha de hacerse compatible con el respeto de la legislación vigente de protección de datos personales y de seguridad nacional (entre otros) como se establece en el artículo 3 de la ley 37/2007.

Para que sea industrializable el sector además de conseguir una materia prima adecuada, hay también que saber donde conseguirla. Por ello, y dado que la tecnología lo permite, se hace necesario que los datos públicos se encuentren disponibles como URL estables, como API‘s o como servicios web. De esta manera los posibles utilizadores tanto ciudadanos como empresariales pueden incorporar dichos datos de forma sistemática. Y por tanto podrían crear usos estables sobre los que asentar sus iniciativas.

Un catálogo no vendría mal

Además un catálogo global de fuentes públicas, una posible versión avanzada del catálogo aporta también comienza a hacerse necesario, ya que de las en torno a 400 fuentes actuales deberíamos saltar a posiblemente 100 veces esa cifra.

Aunque la legislación nacional recoge abundantemente, primero como recomendación (2005) y luego como legislación (2007) (Artículo 4.i de la ley 11/2007) la obligatoriedad de utilizar estándares abiertos por las administraciones públicas su uso viene además obligado por el sentido común.

¿Debería una administración dejar sus datos y la industria generada a su alrededor, a la voluntad de un fabricante propietario de un estándar?.¿Pondríamos hoy nuestros datos en wordstar?

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